Preocupados quedaron los miembros de la Comisión V del Senado de la República al final del debate de control político sobre la situación de Electricaribe.

Para los integrantes de la Comisión no fueron convincentes las explicaciones entregadas por la Ministra de Minas, María Fernanda Suárez; la Agente Interventor de la empresa, Ángela Patricia Rojas, ni de los representantes de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ni de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Del ‘apagado’ debate, pues se esperaban explicaciones contundes para las urgentes soluciones que requiere la crisis de Electricaribe, lo único que quedó claro fue que serán los usuarios quienes, finalmente, sean los ‘paganinis’ de la situación, a través del aumento de tarifas.

“Es preocupante lo que hemos escuchado en este debate por parte de la Ministra de Minas y la Agente Interventor de Electricaribe, quienes han confirmado la inviabilidad de Electricaribe, que al año pierde 1.4 billones de pesos. Ya van más de 7 billones en pérdida y es inquietante que la solución que se está planteando signifique seguir afectando el bolsillo de los usuarios. Por eso le solicitamos a la Ministra que explore otra forma de financiación para solucionar el problema energético de la Costa Caribe, como por ejemplo que se optimice el uso de los recursos del cargo por confiabilidad”, manifestó el Senador José David Name.

En su intervención denunció el encarecimiento de los precios de la energía como uno de los factores principales que inciden en la grave crisis que padece hoy Electricaribe, debido a la especulación del precio de la energía en la bolsa del mercado mayorista “que es impulsada por los agentes del mercado, quienes a pesar de estar gozando de altas precipitaciones (tiempo lluvioso) en la mayor parte del territorio nacional, mantiene los precios altos en el mercado energético”.

Por ello, agregó, “es necesario que Electricaribe considere en un futuro cercano adquirir energía proveniente de fuentes no convencionales (energías limpias) para abaratar sus costos. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo se busca imponer más cargas tributarias a los proyectos de energías renovables (artículos 21 y 291 del borrador propuesto para segundo debate), lo cual ocasionará un aumento en su costo y seguramente desestimulará la inversión en nuevos proyectos similares”.

En consecuencia, como alternativas para resolver la crisis eléctrica en el Caribe colombiano, el Senador José David Name propuso: “Hacer uso de la generación distribuida, pues al no tener que acudir al SIN los usuarios ahorrarían el cargo por transmisión que representa casi un 10%de la tarifa. De igual manera, las inversiones para llevar la energía producida in situ a los consumidores, sería mucho menor que la proyectada en los estudios que afirman que se necesitan $7.1 billones para garantizar el servicio. Por otro lado, con la autogeneración las inversiones serían menores pues solo se deben mejorar las redes de tensión, re direccionando los recursos que hoy se reciben por FOES, PRONE y subsidios”.

Por su parte, el Senador Eduardo Pacheco Cuello consideró que la situación de Electricaribe "en la realidad queda en el limbo, porque si van a vender la Empresa, una vez vendida, con eso pagan los pasivos, pero ¿dónde queda la inversión del Gobierno?".

Entre tanto, la Senadora Maritza Martínez expresó que a los colombianos les preocupa tener que hacerse cargo de unos costos de corrupción y "cubrir la espalda a una empresa extranjera, que ha tenido pérdidas en los últimos años".

En el mismo sentido se pronunció el Senador Carlos Felipe Mejía, quien cuestionó: "¿Qué ha pasado con las inversiones del Estado y los subsidios girados a Electricaribe y que terminaron en manos de otros? ¿Quién va a asumir la deuda de Electricaribe que ha sido intervenida pero no expropiada?”.

A su turno, la Ministra María Fernanda Suárez señaló que "para que continúe el funcionamiento de Electricaribe se necesitan $7.1 billones en los próximos 10 años” y amenazó con el hecho de que “si no se vende la empresa, habrá que buscar en el presupuesto este dinero, reduciendo los recursos de educación, vías, redes eléctrica. Desde hace 8 meses que llegamos a Electricaribe, vimos que los déficits de caja de la compañía eran más profundos de lo que creíamos".

A la par de la Ministra, el representante de la Superintendencia de Servicios Públicos, Andrés Felipe Bitar, consideró que "si en este año no se hacen las inversiones que necesita la empresa, se va a seguir deteriorando y no va a ser atractiva para los compradores".

En otros términos, el debate solo sirvió para que la representación del Gobierno expresara que, en todo caso, la solución de Electricaribe saldrá del bolsillo de los usuarios.